El jueves 16 de Noviembre de 1989,
cuando trabajaba en YSKL y Diario El Mundo fui a investigar a las 6:00 de la mañana sobre un “posible atentado
de Ignacio Ellacuría”, tomé Boulevard de los Próceres cerca de la Torre Democracia y la zona estaba llena
de soldados, tanquetas y vehículos militares y gracias a mi carné de periodista
no me detuvieron.
Al llegar a la avenida Albert Einstein,
en una puerta lateral de la Universidad Católica
UCA estaban algunos soldados y en el jardín estaban masacrados 4
sacerdotes entre ellos el padre
Ellacuría, al entrar al dormitorio, 2 jesuitas más estaba asesinados y al salir
y bajar a una pequeña sala, encontré a madre e hija abrazadas que habían sido
masacradas destruyendo sus cabezas.
Siempre como periodista se nos invitó para asistir a la Corte
Suprema de Justicia, en entre los días
26 y 28 de septiembre donde
se había decidido a hacer “un supuesto juicio” en contra de 9 militares que según las informaciones de algunos
asesores norteamericanos y el mismo presidente Cristiani, eran los responsables
de haber masacrado a los sacerdotes
jesuitas y las 2 mujeres. Pero ¿Quiénes eran estos militares?
En
la foto 8 de los 9 militares que
asesinaron a los 6 sacerdotes jesuitas y a las 2 mujeres. Ausente 1 de salió
huyendo.
Nueve militares - cuatro oficiales y cinco
soldados fueron formalmente procesados
por este crimen. Solamente ocho estaban en la sala, pues uno de los soldados se
encuentra prófugo de la justicia desde el comienzo de las investigaciones.
El militar de mayor graduación, Coronel
Guillermo Alfredo Benavides, negó en todos los interrogatorios su participación
en los hechos. Los otros 7 militares, en confesiones extrajudiciales hechas
ante la Policía, admitieron haber participado en el crimen y relataron con lujo
de detalles la operación que concluyó con la masacre de los jesuitas. Más
tarde, ante el juez negaron todo lo que habían afirmado antes.
De estas confesiones extrajudiciales se
podía establecer con exactitud quienes de los nueve procesados fueron los
autores materiales de cada uno de los ocho asesinatos. El soldado Oscar Amaya
Grimaldi, alias "Pilijay" (en náhuatl, verdugo), declaró haber
disparado a la cabeza de Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró y Segundo
Montes con un AK-47 de fabricación soviética, que le fue entregado para la
operación, porque así esta parecería hecha por "subversivos".
Según el informe de la Comisión de la Verdad,
la noche del 15 de noviembre 1989, mientras la ofensiva guerrillera se
intensificaba, se celebró una reunión en el Estado Mayor, el entonces coronel
René Emilio Ponce, director de la Junta del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
y responsable de las operaciones militares, ordena al coronel Guillermo Alfredo
Benavides asesinar al padre Ignacio Ellacuría y no dejar testigos.
Están presentes en ese momento de la
reunión, el general Juan Rafael Bustillo, el coronel Juan Orlando Zepeda, el
coronel Inocente Orlando Montano y el coronel Francisco Elena Fuentes. Según la
versión de los hechos que maneja José María Tojeira, en un momento de la reunión
se insinúa que el presidente Cristiani está al corriente de la orden. Este
hecho no ha sido nunca probado.
Lo único cierto es que Cristiani mantuvo
varias reuniones ese mismo día en la sede del Estado Mayor con distintos mandos
militares y que pernoctó en el edificio. Tras la reunión, el coronel Benavides
se reúne con mandos del batallón Atlacalt e informa de la orden de matar a
Ellacuría.
Pregunta si hay objeciones. Ninguna. Se
pone entonces en marcha la operación, organizada por el mayor Carlos Camilo
Hernández Barahona. Un grupo de soldados dirigidos por el teniente José Ricardo
Espinoza Guerra, al que acompañan el subteniente Gonzalo Guevara Cerritos y el
teniente Yusshy René Mendoza Vallecillos, penetran en la UCA, fingen un tiroteo
y llegan hasta el Centro Pastoral, en el que residen los sacerdotes jesuitas.Una
vez allí, intentan derribar la puerta del centro. Cuando los jesuitas se
dan cuenta de lo que pasa, abren la
puerta.
Los soldados les ordenan ir al jardín
que hay detrás de la residencia y tenderse boca abajo en el suelo, mientras
registran la casa. El teniente Espinoza Guerra da la orden de asesinar a los
sacerdotes. El soldado Óscar Mariano Amaya Grimaldi dispara y mata a los padres
Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró y Segundo Montes. El sargento Antonio
Ramiro Ávalos Vargas dispara y mata a los padres Amando López y Juan Ramón
Moreno. Inmediatamente después, los soldados que registran la casa encuentran
al padre Joaquín López y López, que es asesinado por el cabo Ángel Pérez
Vásquez. El sargento segundo Tomás Zárpate Castillo y el soldado José Alberto
Sierra Ascencio, que habían localizado anteriormente a Julia Elba Ramos y a su
hija Celina, disparan contra ellas, causándoles la muerte.
En la foto 4 cadáveres de los 6
sacerdotes jesuitas, asesinados en la UCA por el Batallón Atlácatl y por orden del Estado Mayor, de acuerdo a
las investigaciones.
Estos 9 militares juzgados son los
asesinos materiales que supuestamente fueron juzgados en 1991,pero el gobierno
de Crsitiani y el partido ARENA, ya tenían preparada una Ley de Amnistía que
estaría a la “medida” de los criminales materiales e intelectuales para que salieran libres.
Esta Ley de Amnistía no estaba incluida
en los Acuerdos de Paz, como falsamente lo ha señalado el abogado de los
militares que andan huyendo y que argumenta
que este caso ya fue juzgado. Lamentablemente, el Diputado de ARENA
Mauricio Vargas, que fue militar durante la guerra, dice falsamente, que “que
el actual proceso que pide España, es una venganza del FMLN y que esta
persecución debe terminar y que estos
militares deberían de estar tranquilos, porque la guerra ya pasó”.
Otra
de las mentiras del abogado
defensor y de muchos militares de la “tandona”
mentirosamente, dicen que estos militares “ya fueron juzgados y que la
Corte Suprema ya resolvió diciendo que es inconstitucional, que estos militares
sean extraditados a España” y señalaban
la resolución de año 2011 y 2012,pero
tendenciosamente no hablan de la resolución del
año 2015,del año pasado, la dice que : “ el 24 de agosto de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia en el proceso de habeas corpus ref. 220-2015, calificó como
inaceptable el precedente establecido el 24 de agosto de 2011 por el Pleno de
la Corte porque desnaturaliza las atribuciones de Corte Plena y de INTERPOL,
así como tergiversa la utilización de una herramienta de cooperación policial
internacional creada con fines específicos”, concluyendo que la notificación
roja no se limita a una simple orden de localización, sino que implica la
captura del procesado.
Mediante
resolución del 2 de octubre de 2015, el Pleno de la Corte retomó el criterio de
la Sala de lo Constitucional y declaró que: “la publicación de una notificación
roja tiene por objeto la detención de una persona en el territorio de un
Estado, para ulteriormente ser entregado a otro, por existir un proceso o una
condena penal pendiente en su contra. Esto porque la naturaleza de dichas
notificaciones es que constituyen verdaderas órdenes de localización y captura
de personas”.
La mentira de los abogados y militares argumentan que la
amnistía es parte de los Acuerdos de Paz, es la más horrenda mentira, ya que no
cierto, esta amnistía fue aprobada por los diputados de ARENA y el partido de Conciliación
Nacional PCN, que dice textualmente: “…POR TANTO,
En
uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Luis
Roberto Angulo Samayoa, Ciro Cruz Zepeda Peña, José Rafael Machuca Zelaya,
Rafael Antonio Morán Orellana,Carlos Remberto González, José Roque Calles
Amaya, Marcos Alfredo Valladares, Carlos René Calderón y Julio Angel Sorto,
DECRETA la siguiente: LEY DE AMNISTIA
GENERAL PARA LA CONSOLIDACION DE LA PAZ
Artículo
1.- Se concede amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las
personas que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos
políticos, comunes conexos con éstos y en delitos comunes cometidos por un
número de personas que no baje de veinte antes del primero de enero de mil
novecientos noventa y dos… CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintidós
días del mes de Marzo de mil novecientos noventa y tres. PUBLÍQUESE”.
Entre
los 6 sacerdotes jesuitas, y las 2 mujeres eran de nacionalidad española
y salvadoreña y trabajaban para la Universidad José Simeón Cañas UCA.
¿Quién
dijo miedo? Que se haga justicia.
0 Comentarios