Recientemente,
el presidente de la Corte de Cuentas Licenciado Rosalío Tóchez en conferencia de
prensa dijo:“Las irregularidades que la Corte de Cuentas de la República (CCR)
ocultó en auditorías entre 1999 y 2003 le costaron al Estado salvadoreño $5.2
millones. Así lo reveló Rosalío Tóchez, al divulgar los resultados de una ‘auditoría
especial’ en archivos que confirman la millonaria pérdida para los
contribuyentes”.
“Tóchez
no quiso entrar en detalle de cuáles son las instituciones en que se
encontraron los hallazgos, es decir,las observaciones dentro de los procesos
de auditoría que la Corte de Cuentas realiza. (Los casos) son tan emblemáticos
que solo el hecho de que se hayan ido a la gaveta mayor costó $5,290,000”,
aseguró Tóchez.
“Establecimos que entre 1999 y 2003 mandaron a
los archivos 138 expedientes que nunca se reclamaron, y nunca interrumpieron
las famosas prescripciones. Eso le cuesta al Estado $5,290,000. Además, otros 117
expedientes con hallazgos fueron archivados informó que aún no se ha cuantificado la
pérdida por esos otros casos, por lo que la millonaria pérdida podría
aumentar”.
De acuerdo a informes, el Licenciado Tóchez
ordenó traslados de empleados de otras áreas al archivo–aun sin consultarlo a los empleados–en su mayoría
abogados y que ahora están
“escudriñando”todos los documentos archivados especialmente en los últimos 23
años.
De
igual manera, otros empleados fueron trasladados a la 6ta planta de la
institución con la orden de investigar cada uno de los documentos que se
encuentran en la Cámara de Segunda
Instancia, que en muchos casos también han sido ocultados o los han dejado en
el olvido.
Para
los empleados de la Corte de Cuentas, estas declaraciones que dio el Licenciado
Rosalío Tóchez han sido aplaudidas y criticadas por otros, tomando en cuenta que
la nueva administración–según los empleados–ha nombrado como Director
de Recursos Humanos a José Gilberto Romero Tobar, y el
Gerente General Milton Jerónimo Rodríguez Pineda–y debido al Decreto 33 que
ordenó el presidente Lic.Tóchez publicar
en el Diario oficial–han estado “amenazando a los empleados para que renuncien
antes del 31 de diciembre del presente año, ya que el dinero se va a
terminar y de esta manera, tendrán derecho al pago de la indemnización universal”,que
les corresponden de acuerdo al artículo 29 del Reglamento Interno de la Corte
de Cuentas.
Esta
situación me hace recordar a mi abuela
y a mi madre, cuando nos decían “tú eres candil de la calle y oscuridad
de tu casa”, comparando la actitud de una
persona “que fuera de casa es alegre, generosa, dedica tiempo y dinero a sus
amigos, etc... y que, en cambio, en su propia casa no da ninguna alegría ni
satisfacción a sus familiares, se despreocupa de la economía doméstica y del
bienestar de los suyos (de su familia), no les dedica tiempo porque lo pasa
fuera de casa, no le llega el dinero para ocuparse de sus hijos porque se lo ha
gastado,...”
En
otras palabras dentro del personal de la
Corte de Cuentas existe incertidumbre y miedo cuando el Decreto 33 ordena, que
los empleados pensionados y que siguen trabajando no tendrán derecho a la “indemnización
universal”y los empleados mayores de 60 años que no se hayan pensionado, sino
renuncian antes 31 de diciembre no
tendrán derecho a la “indemnización universal”.
Al
conversar con mi amigo el Licenciado Félix
Ulloa del IEJES me enteré, que algunos empleados
están pidiendo que dicha institución
presente una petición de
inconstitucionalidad a la Corte Suprema y que
solicite la suspensión del “acto
reclamado”.
Algunos
diputados de la Asamblea Legislativa ya declararon que ese tipo de Reglamento
del Licenciado Tóchez “está fuera de la jurisdicción de la Corte de Cuentas, ya
que la Asamblea Legislativa es el único
órgano que puede dictar este tipo de
leyes”.
Algunos
magistrados de la Corte Suprema dijeron que el presidente Tóchez se ha “sobrepasado
en sus funciones y amerita revisar esta situación”. La Sala de lo
Constitucional hace algunos meses
dio a conocer una resolución a la Asamblea Legislativa, donde le
ordena respetar la “Indemnización Universal” que contiene la Constitución de la República de 1983 y esta
decisión del Presidente Tóchez,“es un acto Inconstitucional y también viola uno de los artículos de la Ley
de pensiones”.
Según
nota enviada a los empleados de la Corte de Cuentas de fecha
15 de mayo de 2012 señala “…Que debido a la publicación del Decreto Legislativo 1036 del treinta de mazo de dos
mil doce en el Diario Oficial N° 63 tomo 394 de la misma fecha, mediante el
cual se reformaron los artículos 13,16,91,223,223A de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y en el que establece en el romano II que los
empleados mayores de la edad legal de retiro, es decir mujeres mayores de 55
años de edad y hombres mayores de 60 años que continúen trabajando y que no se hayan pensionado por vejez, invalidez total o recibido devolución
de saldo será obligatorio seguir cotizando al Sistema de Ahorro para Pensiones”.
Las
leyes del país no prohíben las
prestaciones a los pensionados ni a los mayores de 60 años.
¿Quién dijo miedo
al Decreto 33?
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