Fiscal solicita la inconstitucionalidad de las elecciones de magistrados de 2006 y de 2012

Parte II

El fiscal general, Romeo Benjamín Barahona, ha emitido un pronunciamiento en el que solicita formalmente que se declare la inconstitucionalidad de los nombramientos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia efectuados en 2006 y 2012.

Como parte del proceso de resolución de las recientes demandas interpuestas contra las elecciones de magistrados de 2006 y 2012, el fiscal general de la República ha emitido un escrito de respuesta al “traslado” conferido por la Sala de lo Constitucional. En el mismo escrito, el fiscal general también señala que los dos procesos de inconstitucionalidad admitidos en relación con las mencionadas elecciones (19-2012 y 23-2012) resultan procedentes para evitar que existan “zonas exentas de control” de jurisdicción constitucional.

El fiscal general de la República se pronunció en un documento emitido como respuesta al “traslado” conferido por la Sala de lo Constitucional con base en el artículo 8 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Este traslado consiste en una consulta que se le hace al fiscal general, como representante de los intereses del Estado, para que establezca la constitucionalidad de los actos demandados en un proceso de inconstitucionalidad. Dentro de este mismo proceso fue que el presidente de la CSJ, el Dr. José Belarmino Jaime, y un magistrado de la Sala de lo Constitucional, el Dr. Néstor Castaneda, se excusaron recientemente de conocer  de las referidas demandadas de inconstitucionalidad.

Cabe destacar que uno de los magistrados electos cuyo nombramiento se solicita que se declare inconstitucional es el del Lic. José Roberto Argueta Manzano, quien fungió como fiscal de Corte –delegado por el Fiscal General de la República– e intervenía en los procesos tramitados ante la Sala de lo Constitucional. Asimismo, en el escrito se pide la inconstitucionalidad del traslado del magistrado Presidente, Dr. José Belarmino Jaime,  a otra Sala de la CSJ.  El fundamento de dicha petición radica en que, según la opinión del Fiscal, la Asamblea Legislativa de los periodos 2003-2006 y 2009-2012 carecían de legitimidad democrática para realizar el referido acto.